Poder Judicial de Chile suspende compra de lujosos autos Lexus
Descubre por qué el Poder Judicial de Chile ha detenido la compra de autos Lexus, un hecho que ha provocado agitación social.
Poder Judicial de Chile suspende compra de lujosos autos Lexus por la tremenda polémica
En un giro reciente de los acontecimientos, el Poder Judicial de Chile ha puesto freno a su plan de adquirir una flota de automóviles Lexus de alta gama, asignados para el uso de los ministros de la Corte Suprema y el fiscal judicial. Esta medida tomó lugar ante la creciente presión de la opinión pública y el escrutinio gubernamental, debido a la elevada inversión que esto representaba ante el escepticismo generalizado sobre la idoneidad de tal gasto.
El proyecto inicial contemplaba la compra de 22 vehículos modelo ES300h, cada uno con un precio en torno a los 60.000 dólares. Estos autos sustituirían a la flota existente de Toyota Camry del año 2014, los cuales actualmente están al servicio de los altos magistrados del tribunal. Sin embargo, el desembolso total excedía los 1.200 millones de pesos chilenos (aproximadamente 1,3 millones de dólares), lo que desató una oleada de críticas y debates sobre la prudencia y la moralidad de tal acción.
La Organización de Trabajadores Judiciales (OTJ) manifestó una resistencia firme ante la adquisición, insistiendo en que la función judicial debe estar marcada por la austeridad y un uso consciente de los fondos públicos. En línea con este pensamiento, la entidad reiteró la importancia de la sobriedad en el manejo de los recursos que están destinados a servir los propósitos institucionales y a mantener el correcto funcionamiento de la administración de la justicia.
La controversia escaló hasta tal punto que incluso hubo una intervención indirecta por parte del Gobierno, con comentarios alusivos al asunto por el presidente Gabriel Boric y miembros destacados de su gabinete, entre ellos, la ministra de Interior, Carolina Tohá, y el de Hacienda, Mario Marcel. Estos y otros funcionarios aprovecharon la oportunidad para sugerir la consideración de vehículos eléctricos y más eficientes como alternativas más sensatas frente a la opción de autos de lujo.
El desenlace de este episodio recalca la relevancia del debate sobre la gestión de recursos estatales y la visibilidad de las acciones de los altos cargos judiciales. Esta suspensión, sin duda, sienta un precedente en la evaluación de las necesidades reales frente a las percepciones de lujo y ostentación en el uso de bienes públicos, en un país donde la ciudadanía demanda cada vez más transparencia y responsabilidad fiscal en todas las ramas del gobierno.